El pasado jueves se publico la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia promovidas por el ministro Ruiz Gallardón. Desde USO tenemos que ser muy críticos con dicha ley puesto que eleva de manera injustificada y desproporcionada dichas tasas. La versión oficial es que dicha actualización tiene como objetivo descongestionar los juzgados y evitar la interposición de denuncias sin fundamento.
En un país con casi seis millones de parados, donde la destrucción de empleo sigue en un crónico aumento, donde la temporalidad laboral sigue siendo el modelo básico contractual y donde las modificaciones de turno, horarios y eliminación de complementos y cuantías salariales son el pan nuestro de cada día, es lógico cuanto menos que la conflictividad laboral vaya en aumento. Por tanto, no entendemos que en estos momentos tan duros se tome una medida de este calado si no es con dos objetivos muy claros: el recaudar más y el evitar que la gente denuncie, así de claro.
Si bien es verdad que en la jurisdicción de lo social la primera instancia sigue siendo gratuita, el aumento de las tasas para las siguientes instancias ha sido muy considerable. Aquí os dejamos un cuadro resumen con las mismas.
Laboral
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Hasta 21/11/12
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Ley 10/2012
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Subida
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1ª Instancia
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0
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0
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0
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Suplicación
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0
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500 €
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500 €
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Casación
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0
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750 €
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750 €
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