El gobierno aprobó a finales de Diciembre en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley de Mutuas de Seguridad
Social, desde USO denunciamos que este texto supone un avance más en la
privatización de la gestión de la incapacidad temporal. Proceso iniciado en los
noventa con la aprobación de la gestión de la IT común por parte de estas asociaciones
empresariales y que paulatinamente, todos los gobiernos hasta el actual han ido
dando más competencias a las Mutuas en detrimento del Sistema Nacional de
Salud. Como muestra, el cambio de nombre en el anteproyecto; pasan de ser
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a denominarse
Mutuas de la
Seguridad Social.
Este anteproyecto
está planteado en tres bloques: gobernanza y transparencia de las Mutuas;
gestión de la
Incapacidad Temporal por contingencias comunes y gestión del
cese de actividad de los trabajadores autónomos. El primero, a la espera de
conocer el texto completo, entendemos que está orientado a legitimar la medida
a través de modificaciones que permitan ejercer un mínimo control y
transparencia sobre los recursos de las Mutuas y las retribuciones de sus
directivos.
Lo que desde USO
consideramos alarmante son las modificaciones relativas a la gestión de la Incapacidad Temporal
por contingencias comunes, especialmente en lo relativo al control por parte de
la mutua desde el primer día de la baja, en la actualidad es a partir del decimosexto,
y las novedades en materia de propuesta de alta por parte la mutua, en la que
el plazo para contestar por parte de Inspección es de solo cinco días y en caso
de que pasado ese plazo no hay respuesta el paciente perdería su prestación por
silencio administrativo. Novedades idénticas a las recogidas en borrador del
“Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 de su
duración”, que USO lleva denunciando junto con otras organizaciones a lo largo
de 2013, y que entendemos ha sido incluido en este anteproyecto.
Dado que el 80% de
las empresas tienen la gestión económica de las contingencias comunes
encomendadas a las mutuas, y que son asociaciones de empresarios, nuestra salud
va depender aun más de aquéllas que son juez (podrán darnos el alta) pero
también parte interesada, al representar intereses empresariales. Este hecho
nos preocupa especialmente dadas los cada vez más habituales los conflictos
trabajador-Mutua por altas indebida o por no reconocimiento de las
contingencias profesionales.
El gobierno con
este proyecto hace prevalecer el factor económico de la incapacidad temporal
sobre el factor sanitario y de recuperación de la persona convaleciente. La Ministra de Empleo en la
presentación del anteproyecto ha seguido en la línea de lucha contra el
absentismo, utilizando los datos aportados por el II Informe Adecco, estudio
que considera absentismo cualquier ausencia que no sea vacaciones, festivos y
jornadas de ERTE. Como denuncian desde la FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública ),
el fraude en la IT
viene sirviendo de excusa imponer reformas que han supuesto un importante
recorte económico y social de la prestación, sin que se hayan aportado nunca
estudios o datos rigurosos sobre el volumen del supuesto fraude.
Ya veremos la dirección que sigue este proyecto de ley en sus tramites parlamentario. Estaremos muy pendientes del mismo y os informaremos en cuanto haya novedades. Recibid un cordial saludo.
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